Rato, solo ante la justicia

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La cúpula del PP, Aznar incluido, deja caer ante la justicia al otrora todopoderoso mano derecha del expresidente por los aplastantes argumentos que pesan contra él, que suma nueve imputaciones de siete delitos diferentes.

El artífice del otrora llamado ‘milagro español’ de finales de los noventa y principios del nuevo siglo se sienta hoy en el banquillo de los acusados para responder de la posible comisión de cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento. Rodrigo Rato dará explicaciones al titular del juzgado de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, completamente solo, ningún compañero –que hasta ayer mismo alababa incansablemente su gestión como vicepresidente económico de los gobiernos de José María Aznar, como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y como presidente de Bankia– se digna ahora a levantar la voz en su defensa. Ni siquiera el propio Aznar, que estos días está muy presente en los temas de más candente actualidad nacional, lo ha mencionado ni para bien ni para mal. Cataluña y la supuesta fractura de España son sus principales quebraderos de cabeza. La corrupción institucionalizada evidenciada con los casos Gürtel y Púnica, no ha merecido una sola palabra pública del últimamente omnipresente Aznar.

Silencio absoluto. Idéntica táctica que la empleada en las citadas tramas delictivas con altos cargos del Partido Popular directamente implicados –algunos de ellos en prisión en la actualidad–. El PP escenificó la caída en desgracia del ex todopoderoso Rato, que pidió la baja temporal en el partido en octubre de 2014, cuando trascendió la visita que el exvicepresidente mantuvo en el despacho del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado 29 de julio, a instancias del propio Rato, supuestamente para tratar las amenazas personales que este estaba recibiendo de forma anónima, aunque posiblemente el motivo verdadero de la cita sería bien distinto: para aclarar si su caso lo iba a investigar un juzgado de instrucción o la Audiencia Nacional. Las pesquisas estaban llevándose a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado, a las órdenes del ministro del Interior. Esto se vio con claridad en una imagen que dio la vuelta al mundo el pasado 16 de abril cuando, a las puertas de su domicilio particular, un policía judicial le puso la mano en el cogote y lo introdujo arrestado en un coche policial camino de los juzgados.

Rato, que ha sido el único alto cargo público español que ha llegado a ostentar rango de jefe de Estado cuando ocupó el sillón de director gerente del FMI, fue nombrado presidente de Bankia en 2010 para sustituir a Miguel Blesa, amigo personal de Aznar y también imputado al igual que Rato por el escándalo de las tarjetas ‘black’ y la comercialización de las participaciones preferentes. Bankia necesitó el 26 de mayo de 2012 un rescate por parte del Estado de 22.424 millones de euros, con lo que se convirtió en la octava nacionalización de una entidad financiera española durante la crisis.

Esta declaración de Rato ante el juez –una vez que en la última de julio se acogiese sorprendentemente a su derecho a guardar silencio– se produce después de que se hayan emitido algunas resoluciones en las que se limita la investigación contra Rato al fraude fiscal, ya que el único delito que según el juez empieza a aparecer perfilado es el que se ejecuta contra la Hacienda Pública, sin que por el momento se puedan relacionar los hechos con actos de corrupción y donde el perjudicado “concreto” es el Estado.

Recientemente, el juez ordenó el embargo de todas las cuentas del ex director gerente del FMI, que deberá abonar una fianza de 18 millones si quiere levantar el bloqueo, ya que la Fiscalía Anticorrupción no ve aún con claridad que el exvicepresidente español no haya participado en el delito de blanqueo de capitales.

Esta última declaración ante el juez de instrucción 31 de Madrid servirá para saber si Rato se embolsó casi un millón de euros por los contratos de publicidad que Bankia adjudicó a dos empresas cuando él era su presidente, como creen los investigadores. En la actualidad, cuatro directivos de la empresa adjudicataria están imputados y el presunto intermediario está en la cárcel.

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