Primer consejero de Susana Díaz, investigado por prevaricación

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Susana Díaz se incorpora de nuevo al trabajo la semana próxima como presidenta de la Junta de Andalucía, tras permanecer de baja por maternidad durante la cuarentena. Se encontrará de golpe una patata caliente sobre su mesa, después de que la fiscalía esté investigando a su consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de un proyecto de construcción cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla. Según el Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ramírez de Arellano le entregó expedientes técnicos irregulares presuntamente para aparentar la presunta legalidad en la adjudicación del proyecto arquitectónico de un gran edificio universitario de 25.800 metros cuadrados.

Desde la Fiscalía Superior se asegura que el pasado marzo la Fiscalía de Sevilla se inhibió en esta denuncia ante la instancia superior cuando, meses después, en junio, la presidenta Susana Díaz nombró a Ramírez consejero, con lo que adquirió en ese instante su condición de aforado.

La investigación iniciada pretende saber si, como se asegura en la denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla, el consejero adjudicó de forma “arbitraria” la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).

La Universidad de Sevilla firmó en septiembre de 2008 un convenio con un estudio de arquitectura para la redacción de un proyecto de obras del citado edificio. La obra se presupuestó en 34 millones de euros, según consta en la denuncia del Colegio de Arquitectos, con una subvención de casi 18 millones procedentes de los fondos Feder de la UE y del Gobierno central.

La denuncia subraya que la licencia de obras para el edificio fue concedida según un proyecto básico visado más de un mes antes de que de forma oficial la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato. Desde el Colegio de Arquitectos se argumenta que la redacción del proyecto se adjudicó sin la existencia de expediente de contratación.

El consejero de Economía y Conocimiento se ha limitado a afirmar que “no son ciertos los hechos que contiene” la denuncia, y al mismo tiempo ha reclamado a la Universidad Hispalense el expediente de estos contratos citados. Todo ello, junto a una serie de alegaciones, las ha remitido ya a la Fiscalía Superior de Andalucía. Explica Ramírez de Arellano a través de un comunicado de prensa de la Consejería que dirige que “cada procedimiento y resolución contó con todas las garantías legales y técnicas; y, en particular, el concurso de proyecto y obra que se menciona fue resuelto en la Mesa de Contratación con todos los procedimientos oportunos y sin incidencias”.

La Universidad de Sevilla, por su parte, también sale en defensa de su exempleado a través de otra nota oficial. Acusa a los denunciantes de “tergiversar de forma deliberada datos y confundir fechas sin haber tramitado la preceptiva convocatoria de un concurso público”, cuando Ramírez de Arellano ocupaba el cargo de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

 

Por Manuel Domínguez Moreno

Sevilla, 9 de septiembre de 2015

 

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