“PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE LA RD” UN ESTADO INACABADO, LA DEMOCRACIA IMPERFECTA

Introducción

La base sobre la que se asienta la estructura de poder dominicana está hueca y por tanto ofrece una débil fortaleza y resistencia. Ese basamento, materializado en el poder municipal y con él la participación directa de los ciudadanos en la gestión de asuntos públicos a través de organizaciones y asociaciones de diversa índole, carece de un poder real, de fuerza y de capacidad de decisión efectiva en los asuntos que de su competencia.

Transcurridos 167 años desde de la Independencia, 27 de febrero de 1844, en la República Dominicana no se ha experimentado con éxito un verdadero proceso de descentralización política mediante la cesión de parcelas de poder a los órganos municipales, principalmente, y provinciales y regionales.

Esta situación convierte a este país, a su sistema político, en una democracia imperfecta simbolizada por un férreo centralismo que se niega a facilitar el desarrollo de otros poderes legítimos, preferentemente el municipal, que por la cercanía a los ciudadanos es la base de cualquier sistema democrático.

Como se verá más adelante, todo esto se produce incluso incumpliendo el mandato constitucional que, en la parte que dedica a la Administración Local, otorga a ésta un papel relevante que, de momento, se ha quedado tan solo en ese papel.

En este estudio se analiza la situación de uno los poderes básicos en República Dominicana, municipal partiendo de la consideración de concatenar este documento con la iniciativa “Foros Para la Participación Municipal”, desarrollada a partir de 1996 por el Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo.S.J., el Ayuntamiento Distrito Nacional y la Agencia Mesereorda.

Estos trabajos constituyen uno de los mayores esfuerzos de prospección y análisis sobre esta materia de todos los abordados en este país.

En la actualidad estos foros mantiene su actividad a través de 27 organizaciones miembro que se reúnen en asamblea una vez al año.

Como experiencia política y social en República Dominicana, tiene pocas similitudes.

La primera conclusión que surge del cruce de los contenidos de ambos estudios es que todos objetivos, planteamientos, anhelos, y necesidades apuntados en 1996 como imprescindibles para el desarrollo democrático, civil e institucional del país siguen sin alcanzarse y que los problemas entonces detectados, siguen siendo los mismos hoy en día.

En término generales, en la República Dominicana de 2011, Siglo XXI, sigue sin haberse alcanzado un pleno desarrollo democrático-institucional-cívico por las siguientes razones (que se desarrollarán posteriormente):

 

  • No existe una voluntad política clara de proceder a su desarrollo
  • Existe, consecuentemente, un vacío legal y normativo específico que no lo posibilita
  • Las instituciones municipales, provinciales y regionales carecen de financiación suficiente para el desempeño de estas labores.
  • La Administración central practica una política invasiva sobre las competencias que corresponderían a estas instituciones ahogando sus posibilidades.
  • La ausencia de una cultura política hace que los ciudadanos por desconocimiento e incultura política no exijan estos desarrollos.
  • Se carece igualmente de órganos de representación corporativa de los entes municipales que actúen como contrapoder frente al Estado. Por ejemplo: Federación de municipios y provincias, por ejemplo.
  • Impera el clientelismo y la dependencia de los alcaldes y otros cargos de sus respectivos partidos, lo que coarta su libertad y limita su campo de acción.

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de 1996

Veamos, a partir de lo anteriormente expuesto en cuanto a la síntesis de la situación actual, lo que constituyeron los objetivos principales de aquel movimiento de investigación iniciado en 1996 y formalizado a través de foros.

  1. Promover la descentralización para facilitar la participación desde las instancias locales y al mismo tiempo impulsar la modernización que permitiera una mayor eficiencia. Esto suponía un fortalecimiento del poder municipal con mayor autonomía del gobierno central, pero al mismo tiempo una descentralización de éste para garantizar la participación de las organizaciones comunitarias con toda su diversidad.

 

  1. Fortalecer la sociedad civil como garante de la democracia, bajo el supuesto de que una democracia verdadera es el resultado de una sociedad civil fuerte. Se trataba de promover la concertación para unir, concentrar e integrar una sociedad civil fragmentada, dispersa y excluyente. En esta acción se trataba de concentrar el esfuerzo en el rol de las organizaciones comunitarias dentro del conjunto de la sociedad civil.

 

El estudio exponía con crudeza la situación de 1996:

“Por otra parte los análisis de coyuntura periódicos que realiza el centro nos permitieron profundizar en las características de nuestra cultura política autoritaria, centralista y clientelar, fruto de un sistema político presidencialista marcado por la ineficiencia burocrática, la corrupción administrativa y el populismo de políticas sociales asistencialistas.

Finalmente descubríamos una sociedad civil emergente, con gran dinamismo y creatividad, pero con objetivos difusos que dispersaban su impacto, fragmentada y con tendencia a una competitividad excluyente”.

 

 

 

Y apuntaba como causas a la existencia de toda esta problemática lo siguiente:

  • El Cansancio generado por la no consecución de los objetivos a largo plazo.
  • El desgaste de los dirigentes por lo tedioso de los procesos de negociación.
  • La tensión de perder el contacto con las comunidades producto de lo absorbente del arduo seguimiento y trabajo ejecutivo de los mecanismos de coordinación.
  • Las pugnas y lucha de poder que se da en los diversos sectores por controlar el proceso o por búsqueda de protagonismo.
  • El inmediatismo imperante como cultura de muchas comunidades.
  • Las limitaciones de los recursos económicos.
  • La falta de tiempo por razones de trabajo de muchos dirigentes para dar un mayor seguimiento.
  • La lenta asunción de los valores de la cultura democrática.
  • El grado de politización de los sectores organizados.
  • Los intentos de manipulación de grupos de intereses políticos.

 

 

Participación y Constitución

 

Tanto en las conclusiones del estudio presente como en el de referencia, “Foros Para la Participación Municipal”, surgen las siguientes como unas de las principales debilidades del sistema político dominicano: “La lenta asunción de los valores de la cultura democrática” y “La ausencia de una cultura política (que) hace que los ciudadanos por desconocimiento e incultura política no exijan estos desarrollos”.

Conviene pues, llegado este momento expositivo, acudir a dos fuentes cuyas aportaciones nos servirán para dar continuidad a este texto.

Primeramente, unas referencias a la Democracia Participativa, solución que surge como evolución de democracias añejas precisamente ante el fortalecimiento de sus estructuras de poder lo que inevitablemente las aleja de los ciudadanos. Precisamente la Democracia Participativa ofrece una solución a este problema mediante la intervención directa de los ciudadanos en las decisiones que más les afectan. El ámbito natural de esta práctica es el municipal pues los asuntos a decidir inciden de manera más directa sobre los ciudadanos, en su vida cotidiana, y son más conocidos y comprensibles.

 

Los únicos riesgos que existen surgen de la mala aplicación de la Democracia Participativa, por ejemplo, cuando se pretende enmascarar un plebiscito o forzar la voluntad popular limitando las opciones elegibles. Esas prácticas no solo no pueden ser consideradas Democracia Participativa, sino que atentan al propio sistema democrático.

Un ejemplo de ello lo hemos en este país, el pasado año 2010, cuando aparecieron por toda la geografía vallas publicitarias cuyos mensajes demandaban la reelección del presidente Leonel Fernández, para un tercer mandato consecutivo, vulnerando de esta forma lo establecido en la Constitución, que lo prohíbe. En esos mensajes se venía a decir que “si el pueblo lo quiere…” Eso no es democracia participativa, eso es mera manipulación con la circunstancia agravante de vilar la ley.

En el segundo caso, forzar la voluntad popular, estos procedimientos pasan por limitar las opciones a elegir, incluso a una, y ocultar la información y el debate institucional y público sobre las posibles opciones. Eso es corrupción bajo la falacia de “si el pueblo lo quiere…”

Entonces:

“Democracia participativa o semidirecta es una expresión amplia, que se suele referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa.

Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta usualmente por medio de referendos o plebiscitos que los representantes elaboran para consultar de iniciativas de consulta que los ciudadanos presentan a los representantes. En una etapa más avanzada, el proyecto fundamental de la democracia participativa es la creación de un mecanismo de deliberaciones mediante el cual el pueblo, con su propia participación, esté habilitado para manifestarse por igual con puntos de vista tanto mayoritarios como minoritarios … Sin negar que todo sistema democrático eventualmente ha de descansar en decisiones mayoritarias, los mecanismos o instituciones de participación tienen el propósito de hacer hincapié en el pleno respeto a las minorías, sus opiniones y su amplia manifestación a través de un mecanismo participativo e institucionalizado.

Una de las razones fundamentales para promover la democracia participativa consiste en que tal sistema ofrece al ciudadano una capacidad de participar en decisiones orientadas a desarrollar una economía socialmente justa y humanista. Esto promueve un ambiente de cooperación porque se aprecian directamente las consecuencias de tales decisiones para todos y cada uno de los miembros de la sociedad.

 

La democracia participativa auténtica hace énfasis muy especial en dar voz a los individuos y a las comunidades, cuyas opiniones, anhelos y aspiraciones rara vez hallan eco o atención en los mecanismos tradicionales de la democracia representativa.

Este es un proceso de transformación -que ya está en marcha en muchas sociedades democráticas- que debe apuntar a promover mecanismos prácticos de participación, medios transparentes de información e investigación, adiestramiento desde la escuela en las técnicas de participación y un programa político estable que defina claramente sus metas destinadas a generar una energía social de participación en las comunidades orientada a la vida y decisiones del barrio, del municipio, de la provincia y de la nación, con el consecuente resultado de concertación, tolerancia y colaboración que necesariamente desemboque en una evidente mejora de vida”.

Fuentes:

Gobierno del Pueblo: Opción para un Nuevo Siglo, por Gerardo E. Martínez-Solanas (Ediciones Universal, 1997)

Alternative Conceptions of Civil Society, edited by Simone Chambers and Will Kymlicka (Princeton University Press, 2002)

The Idea of Civil Society, by Adam B. Seligman (Princeton University Press, 1992)

Politics in West Africa, by W. Arthur Lewis, págs.64-65 (George Allen & Unwin, Londres, 1965)

Democracia Participativa: el resurgimiento del Populismo, por Joseph F. Zimmerman (Editorial Limusa, 1992)

Conviene tener claro el concepto real y único de Democracia Participativa pues es uno de los ingredientes a las soluciones que se expondrán en este documento.

LA CONSTITUCIÓN

 

 

Vayamos ahora a ver lo que la Constitución actual (26 de enero de 2010) establece al respecto de los ayuntamientos y otros poderes territoriales, extra Estado.

 

“DE LAS REGIONES Y LAS PROVINCIAS

Artículo 196.- La región. La región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional. La ley definirá todo lo relativo a sus competencias, composición, organización y funcionamiento y determinará el número de éstas.

Párrafo.- Sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas de manera que sea proporcional a los aportes de aquéllas a la economía nacional.

Artículo 197.- La provincia. La provincia es la demarcación política intermedia en el territorio. Se divide en municipios, distritos municipales, secciones y parajes. La ley definirá todo lo relativo a su composición, organización y funcionamiento y determinará el número de éstas.

DEL RÉGIMEN DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 199.- Administración local. El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio,  de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijados de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes.

DE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Artículo 204.- Transferencia de competencias a los municipios. El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley. La implementación de estas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos.

Artículo 206.- Presupuestos participativos. La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local”.

Con el solo cumplimiento de lo que establece la Constitución y la aplicación de sus preceptos la situación de los municipios en República Dominicana sería otra muy diferente.

Pero, considerando que el cumplimiento de lo establecida en la Carta Magna incluye además la creación de un corpus legal específico que desarrolle dichos preceptos.

 

Estaríamos pues ante un doble incumplimiento constitucional: el primero por no conceder a las instituciones locales el rango político que les corresponde constitucionalmente y el segundo, derivado del anterior, por no haber trasladado competencias y marco legal a los ayuntamientos para su evolución y desarrollo.

Este preocupante aspecto, el incumplimiento constitucional, es uno de los de mayor relevancia en toda esta cuestión y, sin embargo, algo que no parece inquietar a los políticos que ostentan el poder, tanto ejecutivo como legislativo pues los asuntos de desarrollo municipal simplemente no ocupan plaza en el debate político nacional.

La percepción muestra una realidad en la que parece que los ayuntamientos estuvieran considerados, por el poder central, como instituciones menores, de segundo nivel, cuando la realidad es que si bien su tamaño físico es menor que, por ejemplo, cualquier ministerio del Gobierno de la Nación, su envergadura política natural es mayor que éste pues la municipalidad es la base sobre la que se asienta todo sistema político que se tenga por democrático.

La situación expuesta con anterioridad podría ser considerada como un error partiendo de una calificación excesivamente benevolente, aunque irresponsable, porque de lo que se trata en realidad es una falta muy grave. Los poderes públicos de la República tienen la obligación y el deber de fomentar el desarrollo de unas instituciones municipales, capaces, suficientes y de altura para que puedan cumplir así su función principal que es el servicio a los ciudadanos de su municipio.

Si esto se cumple estaríamos ante una grave falta de respeto a la Constitución, a la democracia y, sobre todo, a los ciudadanos y si se incumple estaríamos consintiendo la existencia de dos “estados”, dos realidades políticas dominicanas, uno fuerte y otro débil, siendo éste último subsidiario del primero, es decir, legitimaríamos indebidamente la existencia de una nobleza política frente al pueblo, una nobleza integrada por la Presidencia y sus ministros, los congresistas, los altos funcionarios lo que en el caso de una República, como lo es en este país es una incongruencia de gran tamaño que lleva a asemejar el modelo político dominicano con el centralismo Luis XVI, el rey francés quién precisamente por esas prácticas fue llevado a la guillotina el 21 de enero de 1793.

El Siglo XXI exige otras políticas. La globalización de los conocimientos y de la información, mediante las tecnologías, ha extendido el saber por todas las naciones y ha universalizado y uniformado dichos conocimientos incluidos los políticos. Para comprobar la veracidad de lo anterior basta detener la mirada en todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe desde primeros de este año 2011, cuyos antecedentes, y por las mismas causas pero antes, se encuentran el derrumbamiento del Bloque Comunista.

 

 

 

 

 

Desarrollo conceptual

En páginas anteriores se expusieron las razones por las que, desde nuestro punto de vista, no se ha desarrollado el poder municipal en República Dominicana.

Es importante definir y establecer con claridad y con acierto las causas de un mal para obtener un remedio irrefutablemente eficaz.

Este es el desarrollo de los conceptos, tratados desde su consideración como “unidad de conocimiento”.

 

  • No existe una voluntad política clara de proceder a su desarrollo.

Evidentemente. Una simple observación de la política institucional dominicana muestra nítidamente que el epicentro se encuentra en el Palacio Presidencial sobre el que giran unos pocos satélites naturales: las cámaras de representantes, los ministerios, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y el partido al que pertenece el presidente.

Tal parece que los ayuntamientos no pertenezcan a la Galaxia Dominicana. Lo cierto es que después de más de un siglo y medio de independencia los políticos dominicanos no han encontrado razones suficientes para proceder a conceder a las municipalidades la categoría que en naturaleza democrática les corresponde.

 

  • Existe, consecuentemente, un vacío legal y normativo específico que no lo posibilita.

Nada se crea si existe la voluntad de crear. Ni siquiera la espontaneidad es ajena a la voluntad, objetiva o subjetivamente.

La inexistencia de un marco legal y de una normativa específica es la plena confirmación de la carencia de esa voluntad política que manifiesta, como se ha dicho con anterioridad, una absoluta desconsideración y falta de respeto hacia el poder municipal.

 

  • Las instituciones municipales, provinciales y regionales carecen de financiación suficiente para el desempeño de estas labores.

 

Nada se mueve sin energía y la financiación es el combustible que mueve las instituciones públicas. Una energía escasa, de mala calidad y sin un continuo suministro provocará fallos en las estructuras que pretende alimentar.

Por ello, los ayuntamientos deben tener una financiación acorde a sus necesidades de entidades prestatarias de servicios público y esa financiación debe provenir de dos fuentes: la propia capacidad recaudadora, mediante políticas fiscales realistas y los recursos del Estado a partir de parámetros de población, de necesidad, de proyectos etc.

 

 

  • La Administración central practica una política invasiva sobre las competencias que corresponderían a estas instituciones ahogando sus posibilidades.

Veamos dos ejemplos, entre muchos, que justifica la aseveración anterior: los rótulos que indican el nombre de las calles de Santo Domingo están “firmados” por una antigua secretaría de Estado, hoy ministerio y no por el Ayuntamiento lo que entraría dentro de la lógica.

Otro ejemplo: los agentes que regulan el tránsito en las ciudades pertenecen a AMET que es un órgano del Estado.

Otros ejemplos los encontramos en el suministro de aguas o en la construcción de infraestructuras, como por ejemplo, el paso elevado que une la 27 de Febrero con la Ortega y Gasset.

Un ayuntamiento sin financiación es un ente función, sin naturaleza, siempre dependiente de otro ente superior.

 

  • La ausencia de una cultura política hace que los ciudadanos por desconocimiento e incultura política no exijan estos desarrollos.

 

A partir de la afirmación que precede este párrafo podría concluirse que la responsabilidad de este estado de cosas corresponde a partes iguales a los políticos y a los ciudadanos lo que no es cierto porque son los poderes públicos los responsables de la formación integral de los ciudadanos. Incluida la formación política.

Ahora bien, un político irresponsable siempre preferirá una ciudadanía ignorante aunque en el medio y argo plazo esto se vuelva contra él mismo.

 

 

  • Se carece igualmente de órganos de representación corporativa de los entes municipales que actúen como contrapoder frente al Estado. Por ejemplo: Federación de municipios y provincias, por ejemplo.

 

Este es otro de los problemas que se da en los ámbitos municipales dominicanos: la falta de un órgano de representación y defensa de los intereses de los ayuntamientos a modo de entidad Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que como órgano independiente de todo otro poder ejerce de contrapoder ante el Estado, las cámaras legislativas, las comunidades autónomas y cualquier otra forma de poder pública o privada. Incluso aportan sugerencias a los responsables de los procesos de creación legislativa.

 

 

 

 

 

 

  • Impera el clientelismo y la dependencia de los alcaldes y otros cargos de sus respectivos partidos, lo que coarta su libertad y limita su campo de acción.

 

Este es un hecho de enorme trascendencia y gravedad porque los alcaldes supeditan el compromiso que tienen ante sus ciudadanos, indiscutiblemente prioritario, a los mandatos de su jefe de filas en el partido correspondiente y a los dictados de la organización.

Esta es una verdad flagrante que no necesita explicación y que sitúa a los ciudadanos en un tercer nivel (Partido-Instituciones públicas-Ciudadanía) cuando su posición debería ser la primera.

 

Consideraciones

La topografía política dominicana muestra un estado gravemente invertebrado, desestructurado en el que una poderosa macrocefalia, el poder central, tiene en su mano la práctica totalidad de les decisiones políticas y administrativas de la Nación limitando el desarrollo de otros poderes como, por ejemplo, el municipal.

Y, además, esta situación crea y sostiene una insidiosa dependencia del poder central que es el mejor caldo de cultivo de la corrupción política.

También conviene llamar la atención acerca del riesgo que todo esto presenta en cuanto al incremento de la desafección de los dominicanos de su política y sus políticos. Ésta, ya de por sí muy elevada, es junto con falta de credibilidad de la política y los políticos una de las más serias amenazas que tiene el sistema político dominicano.

Ni la política ni los políticos pueden vivir de espaldas a su propio pueblo y menos aún hoy en día en que, como se dijo antes, la globalización del conocimiento y de la información han abierto los ojos de los dominicanos a otras realidades que antes no conocías en profundidad.

Este hecho provoca, entre otras cosas, el aumento del deseo de emigrar a otros países y por parte de los mejores y más preparados, una sangría incontenible que un país, máxime en vías de desarrollo, no puede permitirse.

 

Otro riesgo certero es que si la sociedad, la ciudadanía, no es organizada democráticamente desde los poderes públicos, ésta se terminará organizando por su cuenta pudiéndose llegar a crear un modelo político basado en la existencia de un Estado y dos sistemas: la política y la sociedad civil, en donde los políticos se dirigen exclusivamente a ellos mismos mientras los ciudadanos se comunican entre sí. Eso, inevitablemente lleva al debilitamiento de la estructura de Estado e incluso a su quebranto.

 

Epílogo

 

Una conclusión principal surge tras la conclusión de las exposiciones preliminares: es necesario, urgente, rearmar, refundar podría decirse, el sistema político dominicano para evitar radicalmente que un país que no ha terminado de hacerse termine deshaciéndose.

Y, ¿cómo proceder a ello?

Dada la fragmentación existente en la sociedad dominicana y la distancia existente entre la política y los ciudadanos sería necesaria una acción institucional de fomento de la integración nacional a partir de un proyecto que utilizara la base, las bases, para su construcción: los ayuntamientos.

Esa es la pieza clave, los ayuntamientos. Cualquier proyecto de integración nacional que trate ganar el futuro no se puede hacer exclusivamente desde el modelo de poder actual porque éste carece de credibilidad.

Por ello se debe elegir un marco diferente, repetimos, las bases, para desde allí edificar el conjunto. Los ayuntamientos deben pasar a ser los pilares sobre los que se debería edificar el nuevo modelo político dominicano, basado en la participación democrática y la involucración de los agentes y actores sociales que ya han experimentado movimientos asociativos y organizativos en ese sentido. Buena prueba de ello es el movimiento “Participación ciudadana en los municipios de RD”, que da pié y razón a este ensayo.

Ahora bien, esta iniciativa, si bien debe desarrollarse a partir de las bases, debe ser dirigida y coordinada desde la cima del poder. Una transformación semejante no puede llevarse a cabo de forma autónoma, salvo en el caso de revoluciones del tipo de la llevada a cabo en Cuba en 1959.

Nos referimos más bien a una experiencia política como la llevada a cabo en España a raíz de la muerte del dictador, Francisco Franco, lo que se ha denominado La Transición.

Nos referimos, en el caso español, a un proceso conjunto en el que participaron actores diferentes, poder, oposición, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones civiles y ciudadanas, con el objetivo común de cambiar la situación política española.

Pero, ese proceso, reforma no revolución, fue posible por la implicación y voluntad del Gobierno de entonces porque si el poder no colabora o no lo hace del todo, el proceso se quiebra.

Para el caso dominicano el caso podría guardar muchas similitudes. Existe la necesidad de rearmar democráticamente al país y para ello hace falta contar con TODOS. El poder oficial carece de credibilidad para abordar el proceso, pero por su experiencia, capacidades y autoridad puede ejercer de tutor del mismo. Las herramientas: los ayuntamientos, ámbitos que por su escaso o mínimo desarrollo no se ven tan afectados por la desafección o la pérdida de credibilidad y por tanto se convierten en elementos necesarios para el proceso.

Además, robusteciendo la base del sistema, finalmente se robustece la propia estructura que sostiene el sistema.

 

Metodología

Aunque este aspecto merece y exige un tratamiento más amplio, cabe ahora apuntar algunos trazos de la posible metodología aplicable.

Por ejemplo, favorecer desde el poder central leyes y reglamentos que vayan componiendo un corpus legal que sirva de base para la refundación de los nuevos ayuntamientos basados en la autonomía política y financiera y la participación ciudadana.

Redefinir, incluso constitucionalmente, el rol de los ayuntamientos en la República con sus márgenes y sus límites y, sobre todo, su papel preponderante en el sistema político.

Otro de los objetivos en atraer hacia la política a muchas personas que hoy en día rechazan o desdeñan esa práctica.

En suma, reforzar el sistema político dominicano fortaleciendo su base para que el resultado final sea el fortalecimiento, a su vez, de todo el sistema.

Un sistema que defina claramente los ámbitos de responsabilidad cada poder y que posibilite trabajara todos en conjunto con el objetivo de servir de la mejor manera a la Nación y a sus ciudadanos.

 

Manuel Domínguez Moreno.

Sevilla 20 de Abril 2011.

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