Otros 11 millones de ayudas irregulares detectadas agrandan la larga sombra del caso ERE

angeles-nunez-bolanos--229x229La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya, tiene sobre la mesa un nuevo informe elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluye que la Junta de Andalucía concedió de forma irregular ayudas por valor de 11,4 millones de euros a 25 particulares, empresas y ayuntamientos “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

Con fecha de 23 de julio, el quinto informe adicional remitido al juzgado analizan las ayudas presuntamente irregulares concedidas a consistorios como el del municipio sevillano de Guadalcanal o a la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico, entre otras empresas y particulares.

Los peritos aseguran que la Consejería de Empleo ha podido conceder las ayudas “con cargo a un concepto presupuestario inadecuado”. Desde la Intervención General del Estado se informa a la juez Núñez Bolaños de que la concesión de las ayudas “ha sido realizada por el titular de la Dirección General de Trabajo sin competencia legal para ello, al tiempo que “no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas” por el departamento de Empleo y tampoco consta “la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que se publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios”.

En el informe remitido a la sustituta de Alaya se concluye que “los sistemas utilizados por la Consejería de Empleo para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales”.

Los peritos encargados de elaborar este informe pericial también destacan que las ayudas “no podrían tener carácter excepcional, dado que han sido concedidas por la Junta ayudas similares de forma habitual y reiterada durante un largo periodo de más de diez años”. A todo esto se suma que “no consta solicitud formal de las ayudas por parte” de los beneficiarios; la concesión de las subvenciones “no fueron sometidas por la Consejería de Empleo a fiscalización previa”, y, además, “no existe constancia en el expediente de que por parte de la Consejería de Empleo se realizara ningún seguimiento de la aplicación de las ayudas concedidas”.

Por Manuel Domínguez Moreno

7 de septiembre de 2015

Sin comentarios

Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *