Los okupas de la Corrala Utopía empiezan a ser juzgados por usurpación

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Protagonizaron en 2012 una de las ocupaciones de pisos vacíos más mediáticas de toda España cuando los desahucios por impagos de las hipotecas arreciaban y se convertían en noticia diaria en un país devastado por la crisis económica al tiempo que comenzaban a tomar cuerpo las reivindicaciones ciudadanas del 15-M. Las 36 familias sevillanas que comenzaron a vivir en lo que se conoció como Corrala Utopía, un edificio nuevo deshabitado propiedad de Ibercaja en el barrio sevillano de San Lázaro, afrontan ahora más de 50 procesos judiciales individuales pese a que en un principio se constituyó como una causa judicial conjunta. Tras una ocupación ilegal de las viviendas que se prolongó durante 668 días hasta abril de 2014, la Policía logró culminar el desalojo sin que el Ayuntamiento de Sevilla, entonces gobernado por el popular Juan Ignacio Zoido, facilitase alternativas viables a los desalojados.

Ahora, el 4 de septiembre se inicia el calvario judicial para muchos de estos okupas. Para esta fecha está previsto que Maximiliano y Jesús, dos de los integrantes de estas familias que vivieron en la Corrala Utopía durante estas fechas, deberán enfrentarse a una petición de la Fiscalía de 720 euros de multa por un presunto delito de usurpación. Ibercaja, la propietaria del edificio, se retiró del procedimiento judicial.

Los integrantes de esta mediática agrupación de vecinos sevillana aseguran que mantienen “clara” su postura “en pro de la lucha al derecho a la vivienda”, por lo que mostrará su rechazo “a la criminalización de la protesta y la lucha social” tanto en este juicio concreto como en todos los venideros que se sucedan por esta misma causa.

El consistorio sevillano gobernado por el popular Juan Ignacio Zoido puso en cuestión la vulnerabilidad real de la mayoría de estas 36 familias okupas y aseguró que únicamente dos de ellas estaban en riesgo real de sufrir exclusión social. Tras pasar por un filtro de 74 condicionantes concretos, solo estas dos familias citadas fueron catalogadas de verdaderamente necesitadas de una vivienda. Incluso desde el Ayuntamiento se argumentaba que algunas de las familias okupas no eran demandantes de viviendas en los servicios sociales ni tampoco se ofrecieron a negociar un alquiler en otro edificio.

El conflicto de la Corrala Utopía llegó incluso a ser tratado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exigió a las administraciones españolas que aportasen soluciones viables a estas familias. Un grupo de juristas agrupados bajo el nombre de Grupo de Juristas Independientes 17 de marzo apoyó a los okupas y reclamó soluciones dignas para el colectivo e incluso que se paralizase la orden de desalojo.

 

Por Manuel Domínguez Moreno

( Madrid-1 de septiembre de 2015)

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