La juez de los ERE abre diligencias por “prevaricación” contra el PSOE de Chaves y Griñán

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Hace apenas una semana la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, recibió del Tribunal Supremo miles de folios repartidos en doce cajas procedentes de la causa abierta contra los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera por el caso de los ERE irregulares en el que se encuentran imputados numerosos ex altos cargos de la Administración andaluza hasta sumar casi 300 acusados, procedentes de la investigación iniciada por la anterior titular del juzgado sevillano Mercedes Alaya, quien recientemente ha resaltado las “numerosas trabas” que encontró en el camino de la investigación por parte de la Administración andaluza. Ahora, la juez Núñez Bolaños ha decidido abrir diligencias contra los expresidentes Chaves y Griñan así como contra medio centenar de ex altos dirigentes de la Junta.

El pasado 30 de septiembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se declaró incompetente para seguir investigando la causa seguida contra los expresidentes andaluces así como contra los ex consejeros por presunta prevaricación administrativa. Esta decisión se produjo una vez que recibió comunicación del Congreso de los Diputados sobre la renuncia al escaño del exconsejero andaluz e imputado José Antonio Viera, circunstancia que dejaba esta causa sin aforados ya que anteriormente habían dejado de ser parlamentarios tanto Griñán como Chaves y Zarrías.

Núñez Bolaños ha tomado este martes la decisión de incoar diligencias previas para poder continuar la instrucción de una de las piezas de la causa, separada del procedimiento específico de los ERE. Dicha pieza afecta en total a 52 personas, entre las que se incluyen todos los que fueron aforados del Tribunal Supremo y del TSJA en esta causa. Es decir, los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.

La magistrada ha tomado esta decisión por “la posible existencia de un delito continuado de prevaricación”, por hechos relativos a la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico. Por este procedimiento, como recoge el auto, “se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas (subvenciones) por razones sociolaborales y por otros motivos diversos”.

En su último auto, la titular del juzgado de Instrucción 6 subrayaba que existe sobre esta cuestión “un criterio sólido expresado en fechas recientes por el Tribunal Supremo no sólo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos”, por lo que se unirán a esta pieza separada íntegramente tanto la pieza de los aforados del TS como del TSJA.

 

 

 

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