Anticorrupción acusa de cinco delitos al ex ministro Pimentel por los ERE

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La juez María Núñez Bolaños deberá decidir en los próximos días si imputa al ex ministro Manuel Pimentel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude, como le solicita la Fiscalía Anticorrupción, en un asunto relacionado con las ayudas que la Administración andaluza concedió a las empresas Graficromo y Taller de Libros, de cuyo consejo de administración Pimentel ostentó el cargo de presidente. Taller de Libros recibió de la Junta una subvención de 300.000 euros. Pimentel ha respondido que no tiene nada que ver en el caso y que todas las ayudas se recibieron ateniéndose a la legalidad.

La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que sustituye a Mercedes Alaya, deberá atender o rechazar la petición que desde el Ministerio Público se realiza para que Núñez Bolaños constituya una pieza separada con los pagos efectuados por la Junta de Andalucía en los expedientes de Graficromo –incluida la asociación de extrabajadores– y Taller de Libros e impute a un total de 25 personas, entre las cuales hay varias ya imputadas en la causa.

Del mismo modo, Anticorrupción solicita la imputación en esta pieza separada del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o del exdirector de la agencia IDEA Jacinto Cañete.

El informe que Anticorrupción ha remitido al juzgado sevillano señala que, cuando se acordó en 2009 esta concesión de la Junta a la empresa que dirigía el ex ministro de Trabajo entre 1999 y 2000, “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido”, circunstancia que podría derivar en causa de “nulidad de pleno derecho”.

Pese a que Trabajo aseguró que la ayuda concedida iba dirigida a los empleados de esta empresa, la Fiscalía Anticorrupción asegura que “se aportó un único número de cuenta corriente donde se realizarán los pagos, el cual se modifica posteriormente a petición de los trabajadores, solicitud de la que no hay constancia alguna en el expediente”. La Fiscalía concluye que no se acreditó el carácter excepcional de la ayuda y que tampoco consta solicitud formal.

Mientras tanto, a nivel político y parlamentario, la presidenta andaluza, Susana Díaz, no descarta su comparecencia en la comisión de investigación sobre el fraude de los cursos de formación, aunque está claro que lo hará a regañadientes. Díaz respetará lo que decida el Parlamento aunque no lo comparte en absoluto, subrayó en su primera comparecencia tras las seis semanas que ha tomado de baja por maternidad. “Algunos, más que saber la verdad, lo que pretenden es dañar al adversario al cualquier precio y perseguirme a mí, que ni siquiera estaba en el Gobierno”, argumenta la presidenta andaluza. Díaz no ve normal que algunos grupos políticos pidan su comparecencia ya que los años investigados se circunscriben entre 2002 y 2011. Susana Díaz llegó al Gobierno autonómico en mayo de 2012 como titular de Presidencia. Sólo en septiembre del pasado 2014 accedió al cargo de presidenta tras la renuncia de José Antonio Griñán.

Tras conocer que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho pública la intención de su partido de pedir la comparecencia de Díaz, la presidenta de la Junta critica “los cambios de actitudes de algunos, que denotan que hay un proceso electoral inminente porque dicen una cosa una semana y a la siguiente dicen otra”. Ciudadanos, en un primer momento no creyó necesario que Díaz diese explicaciones en la Cámara autonómica y ahora da marcha atrás tras las órdenes de su líder nacional.

 

Por Manuel Domínguez Moreno

15 de septiembre de 2015

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